Una confrontación inesperada estalló esta semana en el terreno digital luego de que Elon Musk publicara un comentario crítico dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de su plataforma X. El empresario cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y sugirió, sin presentar pruebas, supuestos vínculos con el crimen organizado.
Las declaraciones provocaron una rápida reacción desde Palacio Nacional. Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como falsos e irresponsables. Subrayó que su administración mantiene una política de combate al crimen basada en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas sociales.
Fuentes del gobierno federal confirmaron que el equipo jurídico de la Presidencia analiza la viabilidad de emprender acciones legales por presunta difamación. Sin embargo, hasta el momento no se ha formalizado ninguna demanda.
El episodio ocurre en un contexto complejo en materia de seguridad y en un escenario donde las redes sociales amplifican tensiones políticas más allá de las fronteras nacionales. Analistas advierten que cualquier procedimiento legal podría enfrentar obstáculos si se desarrolla bajo jurisdicción estadounidense, donde la libertad de expresión cuenta con amplias protecciones.
