La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión política luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera pruebas formales ante los señalamientos realizados desde Washington sobre presuntos funcionarios mexicanos involucrados en corrupción y posibles nexos con el crimen organizado.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria respondió a la información publicada por el diario Los Angeles Times, donde se señala que la administración de Donald Trump prepara una estrategia anticorrupción dirigida a políticos mexicanos, la cual podría incluir desde la cancelación de visas hasta acusaciones formales en tribunales federales estadounidenses.
Sheinbaum dejó en claro que cualquier investigación de esta naturaleza debe estar sustentada en evidencias sólidas y revisadas por las instituciones mexicanas correspondientes, principalmente la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.
“La lucha contra la corrupción le corresponde a México, igual que a Estados Unidos le corresponde actuar contra sus propios funcionarios”, sostuvo la presidenta, al insistir en que no se aceptarán acusaciones sin sustento legal.
La mandataria recordó además el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y posteriormente liberado por falta de pruebas. Señaló que ese antecedente demuestra la importancia de actuar con responsabilidad y no repetir acusaciones sin evidencia suficiente.
Asimismo, Sheinbaum aprovechó para señalar que México también ha solicitado acciones concretas a Estados Unidos en casos relacionados con delitos fiscales y contrabando de combustibles, sin obtener hasta ahora resultados favorables, por lo que pidió que la cooperación bilateral sea equilibrada y no unilateral.
El tema tomó mayor relevancia luego de declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien recientemente advirtió que pronto podrían verse avances importantes en materia de combate a la corrupción en México, lo que fue interpretado como parte de una presión política más amplia desde Washington.