La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para fortalecer las sanciones contra las personas que lancen objetos peligrosos contra vehículos, al considerar que estas conductas representan un grave riesgo para la vida y la seguridad de quienes transitan por las vialidades potosinas.
De acuerdo con la propuesta, se busca incorporar expresamente dentro del delito contra la seguridad vial la utilización de objetos peligrosos por cualquier medio, incluyendo aquellos que sean arrojados desde puentes peatonales, pasos elevados o zonas de poca visibilidad hacia vehículos en circulación o en reposo.
La legisladora señaló que en distintas regiones del estado se han reportado casos recurrentes en los que personas lanzan piedras, objetos metálicos u otros artefactos contra automóviles, poniendo en peligro la integridad de conductores y pasajeros, además de provocar accidentes y daños materiales.
Asimismo, expuso que también se han documentado agresiones dirigidas a unidades de seguridad pública y vehículos de auxilio, lo que evidencia la necesidad de reforzar el marco jurídico para prevenir y sancionar este tipo de hechos.
La iniciativa establece que cometerá el delito contra la seguridad vial quien, sin causa justificada, lance, arroje, coloque o deposite en una vía pública estatal o municipal objetos peligrosos o armas prohibidas contra vehículos de motor o impulsados por la fuerza humana, siempre que estos actos tengan como finalidad poner en riesgo la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tránsito o causar daños que afecten el funcionamiento de los vehículos.
Además, se precisa que se considerará objeto peligroso cualquier cosa que, por sus características, tamaño, peso o naturaleza, tenga la capacidad de provocar daños a las personas o a los vehículos.
En cuanto a las sanciones, la propuesta plantea incrementar las penas actualmente previstas para establecer castigos de cuatro a nueve años de prisión, además de una multa equivalente de 500 a mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la obligación de reparar el daño ocasionado. El delito sería perseguido por querella.
La iniciativa también contempla que las penas aumenten en dos terceras partes cuando la conducta sea cometida desde puentes peatonales, pasos a desnivel o cualquier infraestructura elevada, así como en los casos en que participe alguna persona servidora pública.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.