A partir de enero de 2027, las ladrilleras de San Luis Potosí deberán cumplir nuevas reglas ambientales que incluyen la prohibición de quemar llantas, basura, plásticos, madera y otros residuos como combustible. Además, tendrán que respetar restricciones sobre su ubicación, contar con permisos y someterse a controles de contaminación, de acuerdo con la Norma Técnica Ecológica Estatal NTE-SEGAM-003/2025.
La disposición, publicada el 8 de enero de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, establece que los combustibles autorizados para la fabricación de ladrillos y otras piezas de arcilla serán el gas LP y el gas natural. El uso de cualquier otro combustible requerirá autorización previa por escrito de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Entre los materiales expresamente prohibidos para su quema se encuentran llantas, cámaras, plásticos, hules, cartón, papel, ropa, aceites usados, solventes, basura doméstica y desperdicios industriales. La medida busca reducir las emisiones contaminantes generadas durante la cocción de ladrillos y sus efectos sobre la calidad del aire.
Restricciones para instalar ladrilleras cerca de viviendas
Otro de los cambios importantes se relaciona con la ubicación de las unidades productoras. La norma establece restricciones para instalar ladrilleras dentro de zonas urbanas, de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial y la zonificación permitida por cada municipio.
También señala que no deberán ubicarse en lugares donde las emisiones generadas durante la fabricación puedan afectar a centros de población.
La regulación fija distancias mínimas respecto de diferentes instalaciones. Por ejemplo, las ladrilleras no podrán establecerse a menos de mil metros de carreteras principales, vías ferroviarias, gasoductos o líneas de alta tensión, ni a menos de 200 metros de caminos secundarios.
Asimismo, deberán mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de determinados cuerpos de agua, como lagos y lagunas, y de 13 kilómetros de aeropuertos, aeródromos y otras instalaciones aéreas contempladas en la norma.
Permisos, monitoreo y áreas verdes obligatorias
Los productores también deberán contar con una licencia municipal de uso de suelo, autorización estatal en materia de impacto ambiental y riesgo, así como un permiso de operación de fuentes fijas de jurisdicción local.
Además, estarán obligados a realizar mediciones de sus emisiones contaminantes por lo menos una vez al año mediante laboratorios acreditados y entregar los resultados a la Segam durante enero.
La nueva regulación también exige llevar un registro de cada proceso de producción, incluyendo la cantidad de ladrillos fabricados, combustibles utilizados, proveedores, tiempo de cocción y mantenimiento de los equipos.
Otro requisito será destinar al menos el 10 por ciento de la superficie de cada predio a la plantación o conservación de árboles y arbustos nativos. También quedará prohibido extraer arcilla directamente del terreno donde se encuentre instalada la ladrillera, por lo que la materia prima deberá provenir de fuentes autorizadas.
Podrán clausurar ladrilleras que incumplan
La norma establece que la Segam y los ayuntamientos podrán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
En caso de detectar irregularidades, las autoridades podrán imponer multas, suspender actividades o clausurar las unidades productoras, además de revocar los permisos de operación mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
Sin embargo, las ladrilleras que ya se encuentren funcionando antes de la entrada en vigor de la regulación y que no cumplan con las condiciones establecidas podrán solicitar por escrito una prórroga ante la Segam.
Esta ampliación podrá otorgarse por una sola ocasión y tendrá una duración máxima de seis meses, periodo durante el cual los productores deberán realizar las adecuaciones necesarias para regularizar sus actividades.
Segam comienza a informar a productores
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, informó que la dependencia comenzó a difundir los requisitos técnicos entre los productores ladrilleros y estableció mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para facilitar la implementación de las nuevas disposiciones.
La dependencia también podrá brindar asesoría técnica y jurídica a los productores que la soliciten, mientras que la norma contempla la posibilidad de gestionar estímulos fiscales para incentivar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Con la entrada en vigor de esta regulación en enero de 2027, las ladrilleras potosinas tendrán que adaptar sus procesos de fabricación a nuevas exigencias ambientales, lo que podría representar cambios en sus equipos, combustibles y condiciones de operación, especialmente para aquellas que actualmente utilizan métodos tradicionales de cocción.