La reforma electoral de San Luis Potosí continuará vigente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimara las impugnaciones presentadas contra el Decreto 0571, con el que el Congreso del Estado aprobó cambios en los requisitos para aspirantes a cargos públicos, la integración de los ayuntamientos y el registro de candidaturas.
Uno de los aspectos que generó mayor desacuerdo entre los integrantes del máximo tribunal fue la aplicación voluntaria de evaluaciones de control de confianza a quienes busquen contender por un cargo de elección popular. La disposición fue respaldada por cinco votos contra cuatro, pese a los cuestionamientos sobre las facultades de las instituciones responsables de realizar estas pruebas, cuyas funciones están vinculadas con la seguridad pública.
Las ministras Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Lenia Batres y Yasmín Esquivel votaron en contra de esta medida, al considerar que los centros de evaluación no deben extender sus atribuciones al ámbito electoral. También señalaron que el carácter voluntario de los exámenes no resuelve el posible conflicto de competencias.
Por otra parte, con seis votos contra tres, la Corte determinó que la aprobación de la reforma no requería consultas previas a comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. Sin embargo, Loretta Ortiz recordó que el Congreso estatal mantiene pendiente el cumplimiento de una sentencia anterior que le ordena realizar consultas sobre determinadas disposiciones electorales.
La resolución también confirmó la reducción a una sindicatura por ayuntamiento y el registro electrónico de candidaturas, además de descartar irregularidades en el procedimiento legislativo.