La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maru Castro, salió a dar su versión sobre la controversia por la clausura del gimnasio BEAT, ubicado en la avenida Tatanacho, luego de ser señalada como una de las personas presuntamente involucradas en las dificultades que enfrenta el establecimiento para obtener su licencia de funcionamiento.
A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró que su intervención en el caso se ha limitado al cumplimiento de sus responsabilidades como regidora, al atender y gestionar una denuncia presentada por vecinos de la zona.
La respuesta surgió después de que se difundieran señalamientos sobre un presunto vínculo familiar entre la regidora y uno de los vecinos que se oponen al funcionamiento del gimnasio. Hasta el momento, esta relación no ha sido acreditada públicamente.
El conflicto cobró relevancia luego de que las propietarias de BEAT denunciaran que, pese a cumplir con los requisitos solicitados por la Dirección de Comercio Municipal, enfrentaron nuevas condiciones para obtener su autorización.
De acuerdo con su versión, una vez que entregaron la documentación requerida, se les informó que también necesitaban contar con la conformidad de los vecinos, requisito que aseguran no les fue comunicado desde el inicio del trámite.
Las empresarias sostienen que cuentan con el respaldo de vecinos de la zona, mientras que el Ayuntamiento ha señalado que existen residentes colindantes con el establecimiento que se oponen a su funcionamiento, principalmente por molestias relacionadas con el ruido y problemas de tránsito.
En un nuevo pronunciamiento, las propietarias del gimnasio acusaron que presuntamente se les pidió no responder públicamente a cambio de obtener su licencia de funcionamiento.
“Las autoridades nos han pedido no reaccionar, no comentar, no defendernos a cambio de que nos den nuestra Licencia de funcionamiento. Así lo hemos hecho y aún así seguimos sin Licencia”, expresaron.
Las empresarias señalaron que decidieron romper el silencio ante lo que consideran información falsa sobre su caso y exigieron certeza en los procedimientos administrativos.
También advirtieron que su situación podría afectar a otras personas que buscan emprender e invertir en la ciudad.
“Porque nadie debería de tener que hacerse viral para que nos escuchen”, señalaron.
Por su parte, la Dirección de Comercio Municipal ha sostenido que la negativa para otorgar la licencia responde a quejas vecinales y al incumplimiento de requisitos establecidos en la normativa.
El conflicto continúa sin resolverse, mientras persisten versiones encontradas sobre el cumplimiento de los requisitos, la oposición vecinal y la actuación de las autoridades municipales.
