La resolución de amparos indirectos en la justicia federal puede prolongar hasta seis o siete meses la continuidad de un proceso judicial en el ámbito estatal, debido a que los procedimientos deben esperar la determinación correspondiente antes de retomar su curso, señaló Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado.
La magistrada explicó que este tipo de recursos constituye una de las situaciones que inciden en la duración de algunos procedimientos, pues mientras la autoridad federal determina si concede o niega el amparo, el juicio puede permanecer suspendido. Una vez emitida la resolución, el expediente continúa conforme a lo que haya establecido la autoridad federal.
Ante estos tiempos, el Poder Judicial del Estado busca reducir las demoras que sí están dentro de su ámbito de competencia, particularmente durante el desarrollo de las audiencias. Zarazúa Martínez indicó que se trabaja con los jueces para que estas diligencias tengan una conducción más dinámica y puedan desahogarse en menor tiempo.
El objetivo, agregó, es que los juzgadores tengan una participación activa en la conducción de las audiencias y orienten a las partes para evitar dilaciones innecesarias, de manera que cada etapa procesal pueda avanzar con mayor celeridad.
Respecto a si los expedientes relacionados con homicidios requieren más tiempo para resolverse que aquellos correspondientes a otros delitos, la presidenta del Poder Judicial sostuvo que la duración no depende directamente del ilícito investigado, sino de las características y desarrollo del procedimiento judicial.
