La Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó un dictamen que busca modificar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de San Luis Potosí para proteger los bienes de esta institución y establecer nuevas reglas para la elección de su presidencia.
La propuesta, presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, plantea que los bienes y recursos del Tribunal Electoral no puedan ser embargados ni sujetos a medidas cautelares que afecten su funcionamiento. El objetivo es evitar que algún litigio pueda paralizar las actividades del organismo encargado de resolver los conflictos en materia electoral.
De acuerdo con el dictamen, un embargo de las cuentas del Tribunal podría impedir el pago de salarios al personal, así como afectar los sistemas y procedimientos necesarios para atender los juicios electorales.
Además, la reforma busca modificar el proceso para elegir a la persona titular de la presidencia del Tribunal Electoral. Actualmente, la ley establece que esta designación debe realizarse durante la primera semana de enero del año correspondiente. Sin embargo, los legisladores señalaron que los periodos de las magistraturas no siempre coinciden con ese calendario.
El presidente de la comisión legislativa, diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que este año concluye el periodo de una de las magistraturas y que, debido a que el Senado de la República puede tardar en realizar nuevos nombramientos, es necesario contar con mecanismos que permitan una transición ordenada.
Con esta modificación se busca que el Pleno del Tribunal pueda anticipar la elección de su presidencia, de manera que exista una persona lista para asumir el cargo cuando concluya el periodo de quien actualmente lo ocupa, evitando vacíos en la conducción del órgano jurisdiccional.
Los promoventes de la iniciativa señalaron que estas medidas darían mayor certeza jurídica al Tribunal Electoral y fortalecerían su autonomía para garantizar la resolución pacífica y definitiva de los asuntos político-electorales en el estado.
El dictamen aprobado en comisiones será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis, discusión y eventual votación.