El gobernador de Ricardo Gallardo Cardona informó que un total de 320 personas han sido dadas de baja de la Guardia Civil Estatal (GCE) en lonque va de su sexenio, derivado de faltas administrativas y conductas indebidas, como parte de un proceso de depuración dentro de la corporación.
El mandatario estatal explicó que estas acciones forman parte de una “limpia” al interior de la corporación de seguridad, con el objetivo de retirar a aquellos elementos que abusan de su poder o no cumplen con los estándares requeridos para el desempeño de sus funciones.
Gallardo Cardona también señaló que el tema de la seguridad pública no debe recaer únicamente en el Gobierno del Estado, sino que requiere la participación activa de los municipios. En ese sentido, reconoció que uno de los principales obstáculos es el bajo salario que perciben muchos policías municipales, lo que dificulta fortalecer las corporaciones locales.
De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en lo que va de 2026 se han abierto al menos 33 expedientes de queja contra elementos de la corporación, muchos de ellos relacionados con presunto uso excesivo de la fuerza o abusos durante detenciones.
Entre los casos documentados, se incluye un operativo en el municipio de Matehuala en el que murieron dos personas, así como denuncias por allanamientos, agresiones físicas y amenazas en distintos puntos del estado.
Además, en años recientes las autoridades han iniciado decenas de investigaciones por delitos atribuidos a policías estatales y municipales, aunque solo una parte de estos casos ha llegado a judicializarse, lo que refleja los retos en materia de rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad.
Pese a este panorama, el gobierno estatal sostiene que las acciones de depuración buscan fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el desempeño de la Guardia Civil Estatal, en medio de las exigencias por garantizar el respeto a los derechos humanos en labores de seguridad pública.