El Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a la legislación electoral con el propósito de armonizar las normas locales con las disposiciones federales. Entre los principales cambios destacan la reducción de sindicaturas en los ayuntamientos, el fortalecimiento de la paridad de género, nuevas medidas para fomentar la transparencia en las candidaturas y la incorporación de una causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera.
A partir de estas reformas, los ayuntamientos estarán integrados por una sola sindicatura, además de regidurías de mayoría relativa y representación proporcional, garantizando el principio de paridad de género en su conformación.
En materia electoral, también se reconoce el derecho al voto de las personas sujetas a prisión preventiva que no cuenten con una sentencia condenatoria firme, además de fortalecer la participación de las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Otro de los cambios aprobados establece que quienes aspiren a un cargo de elección popular podrán someterse, de manera voluntaria, a evaluaciones de control de confianza realizadas por centros acreditados. La decisión de presentar estas pruebas y sus resultados no será un requisito para obtener el registro de una candidatura ni podrá generar consecuencias jurídicas en caso de no hacerlo.
Las reformas también obligan a los partidos políticos a destinar al menos el cinco por ciento de su financiamiento público ordinario al desarrollo del liderazgo político de las mujeres y el cuatro por ciento para impulsar la participación de las juventudes.
Además, los convenios de coalición deberán registrarse 30 días antes del inicio de las precampañas, mientras que las solicitudes de registro de candidaturas podrán presentarse preferentemente mediante un sistema electrónico que garantice la autenticidad y seguridad de la documentación.
Durante la misma sesión, el Congreso aprobó modificaciones a la Constitución local y a la Ley de Justicia Electoral para establecer como nueva causal de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de los comicios. Con esta medida, se busca fortalecer la protección de la soberanía nacional, preservar la integridad de los procesos electorales y brindar mayor certeza jurídica sobre los resultados democráticos.