El diputado Héctor Serrano Cortés presentó una serie de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley Electoral del Estado y la Ley de Control de Confianza, con el objetivo de establecer un nuevo requisito de integridad y confiabilidad para quienes busquen una candidatura a cargos de elección popular.
La propuesta plantea que las personas aspirantes deberán acreditar condiciones de integridad y confiabilidad para la postulación democrática, conforme a lo que establezca la legislación electoral vigente. Estos procesos de evaluación tendrán como finalidad garantizar que los perfiles cumplan con principios como legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el Estado puede implementar medidas razonables para proteger la democracia frente a riesgos estructurales, como la infiltración de intereses contrarios al orden constitucional. Esta visión se sustenta en la doctrina de autodefensa constitucional, entendida como la facultad del sistema democrático para preservar sus condiciones sin vulnerar derechos fundamentales.
Serrano Cortés aclaró que la iniciativa no busca imponer filtros arbitrarios ni sanciones, sino fortalecer la confianza pública mediante mecanismos preventivos de verificación. En este sentido, se contempla la creación de una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad, la cual funcionaría como requisito para el registro de candidaturas.
El diputado subrayó que la medida tiene un carácter preventivo, no punitivo ni discriminatorio, ya que no genera presunción de culpabilidad ni inelegibilidad automática. Además, aseguró que el modelo respeta el derecho a ser votado, al partir de una presunción de elegibilidad y no invadir competencias de autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral o los organismos locales.
La iniciativa establece que la condición de integridad será evaluada conforme a los procesos previstos en la Ley de Control de Confianza del Estado, y que dicha acreditación estará a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, instancia que aplicará lineamientos avalados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictamen.