Un juez de control determinó negar cualquier medida alternativa a los tres imputados por la tragedia ocurrida en el antro Rich, hecho que marcó a San Luis Potosí el 7 de junio de 2024. La resolución judicial se da a más de un año y medio del accidente que cobró la vida de dos jóvenes y dejó a varios asistentes con lesiones de consideración.
Los acusados, identificados como Ulises “N”, Francisco “N” y Nancy “N”, permanecen vinculados a proceso tras ser señalados por la Fiscalía General del Estado como responsables de la operación y administración del centro nocturno donde se produjo el colapso de un barandal en los niveles superiores del inmueble.
Las investigaciones establecieron que la noche del incidente el establecimiento operaba bajo condiciones de riesgo extremo, al registrar un número de asistentes que superaba por mucho el límite autorizado. Mientras Protección Civil había permitido un aforo máximo de 200 personas, estimaciones oficiales señalan que más de mil 500 se encontraban dentro del lugar al momento del desplome, situación que quedó documentada en material videográfico.
Derivado de estos hechos, el Ministerio Público solicitó penas que podrían alcanzar hasta cuatro décadas de prisión, particularmente para una de las imputadas. En tanto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas reportó que la atención integral a los afectados y a sus familias ha implicado un desembolso cercano a los 4.8 millones de pesos, destinados a servicios médicos, apoyo psicológico, gastos funerarios y asesoría jurídica.
Durante la audiencia más reciente, la defensa de los acusados solicitó el cambio de medidas cautelares, proponiendo arraigo domiciliario con brazalete electrónico y un juicio abreviado con reparación del daño; sin embargo, ambas peticiones fueron desechadas por la autoridad judicial.
El proceso legal continúa en espera de una resolución definitiva, mientras el caso sigue siendo referente del debate sobre la regulación y supervisión de espacios de entretenimiento nocturno en la entidad.
