Presentar información falsa sobre ingresos o modificar datos personales para evitar el pago de pensión alimenticia, podría ser castigado con penas más severas en San Luis Potosí gracias a una reforma al Código Penal del Estado presentada en el Congreso local.
La propuesta busca sancionar a quienes alteren u oculten información relacionada con su identidad, ubicación o situación económica con el objetivo de evadir el establecimiento o cumplimiento de obligaciones alimentarias determinadas por el Código Familiar del Estado.
Además de incorporar de manera específica estas conductas dentro del marco penal, la iniciativa también plantea endurecer las penas, al aumentar la sanción actual de seis meses a tres años de prisión, para establecer un rango de uno a cuatro años de cárcel.
La iniciativa fue presentada por el diputado local César Arturo Lara Rocha, quien argumentó que actualmente la ley sanciona la omisión del pago de pensión y los casos en que una persona se declara insolvente de forma intencional, pero no contempla de manera clara las maniobras de engaño utilizadas para evitar desde un inicio los procesos judiciales relacionados con las obligaciones alimentarias.
De acuerdo con la exposición de motivos, este vacío legal permite que algunas personas oculten información clave para dificultar la localización del deudor o aparentar menores ingresos, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y adultos mayores que dependen de estos recursos para subsistir.
La propuesta también contempla actualizar la terminología del Código Penal para armonizarla con el Código Familiar del Estado y brindar mayor certeza jurídica tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de impartir justicia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y posible dictaminación.