La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar los artículos 135, 135 BIS y agregar el artículo 135 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. El proyecto busca endurecer el castigo por el delito de feminicidio, elevando las condenas para pasar del rango actual de 40 a 60 años de cárcel a una pena de 50 a 70 años de prisión. Asimismo, plantea establecer nuevos protocolos de investigación y ampliar el catálogo de agravantes para tipificar el delito.
Entre las nuevas razones de género que se pretende incorporar están las relaciones directas o pretensión de vínculos afectivos, de parentesco, laborales o docentes entre la víctima y el agresor, así como cualquier contexto de confianza, subordinación o superioridad. De igual forma, se considerarán los antecedentes de violencia física, psicológica, sexual o económica en los ámbitos familiar, escolar o laboral (incluso si no fueron denunciados formalmente con anterioridad), los crímenes motivados por prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género, y el estado de indefensión de la víctima.
La propuesta endurece el proceso judicial al prohibir que las personas sentenciadas por feminicidio accedan a beneficios procesales que reduzcan su pena, como criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios o terminación anticipada. De igual manera, impide que los responsables reciban amnistías, indultos o inmunidades, garantizando que tanto la acción penal como la sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles. Finalmente, para los casos de feminicidio en grado de tentativa, la sanción aplicable no podrá ser inferior a la pena mínima establecida por la ley.