El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Educación que establece que todas las personas que trabajan en las escuelas, como maestros, directores y personal administrativo, tienen la obligación legal de denunciar de inmediato cualquier hecho de violencia o abuso que sufran los alumnos, ya sea dentro de la escuela, en su hogar o en la comunidad.
La medida busca eliminar los problemas de la ley anterior, donde no quedaba completamente claro el deber de reportar estos casos. Esto provocaba tardanzas para investigar los delitos, lo que a su vez dejaba en el desamparo a las víctimas, causaba impunidad y permitía situaciones de revictimización, principalmente en casos graves de violencia sexual infantil.
Con los nuevos protocolos, el personal escolar sabrá exactamente cómo actuar sin margen a dudas, evitando interpretaciones personales. Además, las escuelas trabajarán coordinadamente con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías del DIF estatal y municipal, mientras que los trabajadores de la educación recibirán capacitación continua sobre sus responsabilidades legales para proteger a la infancia de manera efectiva.
