Agosto arrancó con el Gobierno Municipal de San Luis Capital poniendo en marcha una nueva etapa de obras de infraestructura. Calles, vialidades, espacios públicos y proyectos pensados para resolver problemas que los potosinos enfrentan todos los días. Porque gobernar, al final, no debería medirse por el número artistas que traes a la feria, sino por la cantidad de obras que cambian la vida de la gente.
Sin embargo, pareciera que en el otro lado de la acera alguien decidió que el desarrollo de la ciudad debía convertirse en una batalla política.
No es la primera vez. Desde hace meses, el Gobierno Municipal ha denunciado que decenas de proyectos permanecen detenidos entre revisiones interminables, observaciones administrativas y trámites que parecen alargarse más de lo razonable. Mientras el Ayuntamiento presenta proyectos, gestiona recursos y licita obras, desde el Gobierno del Estado la respuesta parece ser el freno.
Y la pregunta es inevitable: ¿por qué?
¿Por qué detener obras que benefician a miles de ciudadanos? ¿Por qué convertir la infraestructura en un campo de batalla electoral? ¿Por qué bloquear proyectos que ya cuentan con planeación, presupuesto y una necesidad evidente?
Lo más preocupante es que no hablamos de diferencias políticas; hablamos de millones de pesos destinados a infraestructura que siguen sin ejercerse mientras la ciudad espera. Recurso que ya está destinado en pavimento, drenajes, parques y vialidades, pero que permanecen atrapados en un laberinto burocrático del que nadie ofrece una explicación convincente.
Lo paradójico es que, una vez frenados los proyectos municipales, aparecen anuncios de obras similares impulsadas desde otra instancia de gobierno, como si la prioridad no fuera resolver los problemas de la ciudad, sino disputar quién se lleva el crédito.
Eso no fortalece a las instituciones.
Eso debilita la confianza ciudadana.
Porque cuando un gobierno trabaja y otro se dedica a poner obstáculos, quien pierde no son sus gobernantes. Pierde el comerciante que se levanta a trabajar de madrugada. Pierde la madre de familia que tarda en llegar a casa con sus hijos. Pierde el estudiante que gasta más tiempo en sus traslados que estudiar. Pierde el ciudadano que no entiende de colores partidistas y solo pide que quién gobierne, gobierne… y lo haga con convicción.
Las diferencias entre órdenes de gobierno son naturales en una democracia. Lo que no puede normalizarse es utilizar el poder para retrasar proyectos públicos por intereses políticos. Las instituciones existen para facilitar soluciones, no para fabricar obstáculos.
Gobernar implica construir acuerdos. Bloquear obras solo construye retrasos.
Mientras el Ayuntamiento insiste en avanzar, alguien más parece empeñado en detener el reloj.
La ciudadanía no votó para ver una competencia entre gobernantes. Votó para tener mejores calles, mejores servicios y una ciudad que avance.
Y cuando la política se convierte en un freno para el desarrollo, ya no hablamos de diferencias de gobierno; hablamos de una decisión que termina afectando a todos los potosinos.
Como dice el viejo dicho: “hay que ser cochino, pero no trompudo.”