El Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rechazó por unanimidad aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) relacionada con las declaraciones del rector sobre el diputado local Héctor Serrano Cortés, en medio de la controversia por la fiscalización de la institución y sus procesos de pensiones.
Durante la sesión, la Abogacía General y la Defensoría de Derechos Universitarios argumentaron que la recomendación presenta deficiencias jurídicas, pues, a su consideración, no analiza suficientemente el contexto de las expresiones ni distingue entre las funciones públicas de los involucrados y su condición de ciudadanos. Sostuvieron que se trató de un intercambio en torno a asuntos de interés público y cuestionaron que las declaraciones fueran consideradas discriminatorias o constitutivas de discurso de odio.
Olivia Salazar, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, también puso en duda la procedencia de la queja y señaló presuntas inconsistencias en la documentación del expediente. Por su parte, la abogada general advirtió que aceptar la recomendación podría implicar reconocer al legislador como víctima de una violación a sus derechos humanos y derivar en medidas de reparación, además de una posible investigación administrativa contra el rector.
Aunque la universidad podía rechazar la recomendación y, por separado, promover una impugnación, el Consejo Directivo también votó en contra de recurrir a esa vía. La Abogacía General quedó a cargo de elaborar la respuesta formal para la CEDH, en la que deberá exponer los argumentos jurídicos que sustentan la negativa.
Durante la discusión, consejeros respaldaron la postura institucional y plantearon que la representación jurídica de la universidad atienda cualquier eventual requerimiento del Congreso del Estado. La abogada general señaló que, si se promoviera una comparecencia que consideraran improcedente, la institución podría recurrir al juicio de amparo.
El conflicto se originó en los señalamientos relacionados con la fiscalización de la UASLP y su sistema de pensiones. Con el rechazo de la recomendación y de la impugnación, queda pendiente conocer si Héctor Serrano Cortés recurrirá a otras vías para controvertir la actuación de la comisión estatal.